El llamado Plan B parece que tendrá una larga ruta de jurisprudencia, sin embargo deja un mal sabor de boca porque se impone sin consenso ni diálogo. El debate sobre la reforma es incompleto, y la debilidad institucional será más evidente si apostamos por una democracia electoral barata en lugar de una democracia de calidad. Como dice la sabiduría popular, “lo barato sale caro”.
Luego de que la oposición frenará en la cámara de diputados la propuesta original de reforma electoral del Presidente López Obrador y de la marcha de “Yo defiendo al INE” del pasado mes de noviembre, el oficialismo cumplió su promesa, y por vía rápida o fast track, aprobó por mayoría simple en el Senado el llamado plan B del Presidente que tiene un efecto menor al de la propuesta original, pero que termina imitando y quitando recursos al funcionamiento y profesionalización del árbitro electoral.
Parte de la narrativa del obradorismo ha sido imponer la austeridad, el recorte de programas y recursos a instituciones a las que se acusa de ser corruptas o que están funcionando incorrectamente. Mucho se ha criticado que en este sexenio, se opera con machete, en lugar de bisturí. Desde el inicio de su gobierno, AMLO calificó al INE como una democracia dorada, suntuosa, por lo que su reforma configura un árbitro electoral austero, una democracia electoral barata que conlleva riesgos porque atenta contra profesionalización y la imparcialidad del órgano electoral.
En esta reforma se garantiza el derecho al voto de personas en prisión preventiva y personas con discapacidad que no puedan desplazarse a las urnas. También se busca agilizar el trámite de sufragios de mexicanos residentes en el extranjero, que podrían votar con su pasaporte y por medio del voto electrónico por internet, temas sustanciales que aportan mejoras a nuestra democracia electoral. También se eleva a rango de ley la inclusión de candidaturas de grupos minoritarios y vulnerables.
Uno de los rasgos principales del debate ha sido la ausencia de diálogo, y de consensos. El Presidente y su partido imponen su mayoría acompañados de los partidos bisagra como el Verde y el PT, y la oposición reacciona vetando sus propuestas. El Presidente advirtió que no estaba dispuesto a negociar su reforma, y que no le quitaría “ni un coma” a su proyecto, y por el otro lado, la oposición tampoco ha mostrado disposición a dialogar, de tal forma que nos encontramos nuevamente en un periodo de polarización política y social sin oportunidades de dialogo. Luego de la aprobación por mayoría simple, la oposición ha señalado, que la reforma es inconstitucional, y que la vetará en el poder judicial.
La estructura del INE y del Tribunal Electoral también se compacta. Desaparece la secretaria ejecutiva y el servicio profesional de carrera. Se estima que 8 de cada 10 funcionarios del servicio electoral profesional están en riesgo de perder su trabajo. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas.
Los órganos distritales pasarían de 300 a 260, y que tengan carácter temporal y no permanente.
La austeridad llegó al INE, y se busca compactar el calendario electoral para reducir costos lo cual parece positivo, siempre y cuando no se ponga en riesgo los principios de equidad, imparcialidad y profesionalismo del árbitro electoral. Se busca eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que daba tendencias de las votaciones a partir de muestras estadísticas. En cambio, el cómputo de resultados finales se dará a conocer en tiempo real desde el día de la votación.
El llamado Plan B parece que tendrá una larga ruta de jurisprudencia, sin embargo deja un mal sabor de boca porque se impone sin consenso ni diálogo. El debate sobre la reforma es incompleto, y la debilidad institucional será más evidente si apostamos por una democracia electoral barata en lugar de una democracia de calidad. Como dice la sabiduría popular, “lo barato sale caro”.
