La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pidió la intervención inmediata del Secretario de Seguridad y del Fiscal General de Justicia del Estado de México para frenar los actos de extorsión del crimen organizado que se están cometiendo en contra de socios.
“Los constructores del Estado de México pedimos la intervención inmediata del gobernador”, señala un comunicado oficial de este sector de la economía.
La CIMC aseguró que grupos armados llegan a las obras para amenazar a ingenieros, residentes y trabajadores “para obligarnos a comprar materiales en las minas que ellos dicen y para trabajar con los transportistas que deciden con sobreprecios de hasta un 30%.”
Además consiguen “nuestros datos personales para exigirnos el 10% de la utilidad de la obra amenazando con levantarnos o algún miembro de nuestras familias si no accedemos”.
