Vamos a detener la violencia que amenaza a las niñas y a las mujeres mexiquenses, cuando todas sepan que, sin importar las ventajas que sus agresores tengan sobre ellas, ya sea por su parentesco, cercanía, jerarquía, fuerza o cualquier otra condicionante, el Estado, es decir, el gobierno -a veces auxiliado por la sociedad- tiene la decisión y la capacidad de protegerlas en todo momento y circunstancia, y el poder de contener hasta someter a los agresores, quienesquiera que sean.
Para lograr lo anterior, es necesario entender los datos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), elaborada por el INEGI, nos advierte que el 70 por ciento de nuestras hijas mayores de 15 años de edad, parejas, hermanas o madres, han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual, sin poder recurrir a autoridad alguna para denunciarlo, mucho menos para recibir justicia.
Víctimas, todas ellas, a menos que el maltrato sea dolorosamente obvio y evidente, si acudieran a denunciar la violencia de que fueron objeto, habida cuenta que los policías no reciben denuncias a pesar de que esa es su obligación, es seguro que el Ministerio Público, previa reprimenda, sino es que mofa, les ordenaría volver a casa sin más alternativa que aguantar. Sí, nuestro sistema de justicia es una desgracia.
El Estado mexicano no tiene alternativa de atención para una mujer víctima de violencia, salvo que las heridas sean tales que la autoridad no tenga de otra, lo que significa que muchas de ellas, más de millón y medio el año pasado, de acuerdo con la ENDIREH, jamás reciben justicia, y sus agresores quedan impunes. Este es el caldo de cultivo para que la violencia escale y, con demasiada frecuencia, derive en feminicidios.
Mientras no resolvamos eso, -lo que significa, en tanto el Estado no sea un eficaz protector de niñas y mujeres-, el fenómeno no tendrá por qué abatirse y menos erradicarse.
Es indispensable y urgente que la administración pública se enfoque en la solución de esta situación, para que todas las autoridades gubernamentales, principalmente las más cercanas a las personas; esto es, las municipales, asuman la misión de restaurar las relaciones sociales en su comunidad; acepten que su misión, y la de sus policías, no es castigar faltas administrativas imponiendo multas, sino resolver conflictos cotidianos restableciendo la confianza; que su presencia y patrullaje no disuade nada, ni ahuyenta a nadie, sino que su mejor manera de servir sería atender toda denuncia de amenaza y cualquier forma de violencia, con enfoque restaurativo, no punitivo; y que, mientras más pronto sea atendida una denuncia, será más fácil impedir que la violencia escale hasta materializarse en un delito que lamentemos todas y todos; que acepten que la justicia no puede estar sometida por criterios de índole política, lo que significa que, sin importar el nombre o condición de la persona violenta, debe ser atendida y canalizada, para que sea sancionada, que pueda reparar los daños que haya causado y no repita los actos cometidos. En pocas palabras, la única manera de abatir la violencia feminicida, es enfrentándola con justicia cívica.
La violencia y los delitos son problemas de régimen jurídico, y solo se van a resolver con acciones de autoridad. Necesitamos ayuntamientos decididos a llevar a cabo actos de gobierno, a hacer valer el Estado de Derecho en sus municipios para proteger a todas las niñas y mujeres, y legisladores que se atrevan que legislar en la materia.
@HuicocheaAlanis
