Las empresas Cornershop by Uber, DiDi Food, Rappi, Uber Eats y Lalamove rechazaron la intención del Gobierno estatal de aplicarles un nuevo impuesto del 1.5% a servicios de entrega de alimentos, a través de aplicaciones tecnológicas y aseguraron que afectaría la economía de las y los mexiquenses, a la industria, a repartidores, comercios y a clientes.
Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Finanzas aseguraron que no es gravamen, sino aportación a empresas que no reconocen a los repartidores como sus trabajadores, ni les otorgan seguridad social. Tampoco pagan impuesto sobre nómina, ni tenencia vehicular, pese a ser multimillonarias y cotizar en bolsas internacionales, y el cobro no está enfocado a afectar a clientes, ni a repartidores.
El Sol de Toluca publicó hace unos días que en la iniciativa de reformas al Código Financiero las autoridades estatales buscan precisar que por cada viaje de entrega de bienes y productos, a través de unidades que presten servicios mediante plataformas electrónicas, éstas deberán pagar el 1.5% de lo que cobren.
Empresas
A través de un comunicado las empresas explicaron que se trata de un nuevo gravamen que afectaría a todos los involucrados.
“Dicha iniciativa propone ampliar la base de contribuyentes y aplicar un nuevo impuesto del 1.5% por cada viaje realizado en servicios de entrega de alimentos y bienes intermediados, a través de aplicaciones tecnológicas o páginas web.
“La aplicación de este nuevo impuesto afectaría a todos los actores involucrados en el ecosistema de la economía colaborativa y a una industria que no solo cumple con todas las obligaciones fiscales que le corresponden -incluyendo el pago de IVA e ISR- sino que también ha contribuido a la formalización económica.
“Además, reduciría las ganancias de los prestadores de servicios registrados como repartidores en las aplicaciones de entrega de comida y artículos e incrementaría los costos a los usuarios mexiquenses que hacen uso de las mismas, en un contexto económico adverso caracterizado por niveles inflacionarios elevados”, señala el documento.
Autoridades
El subsecretario de Ingresos del Gobierno estatal, Jaime Valadez Aldana, subsecretario de Ingresos aseguró en comisiones a las y los diputados locales que se trata de una aportación de mejora que opera desde 2017, enfocada al traslado privado de personas y prevé un cobro del 1.5% a cada viaje de entrega.
Señaló que en 2021 tuvieron ingresos por 63 millones de pesos por esa aportación, en 2022 estiman que serán 75 millones y afirmó que no es un nuevo impuesto, no cambia el porcentaje de la tarifa, pero sí ajusta la base para incluir como parte del transporte privado el tema de bienes de consumo, lo cual significaría incluir a empresas que a través de aplicación o página de internet tengan servicio de transportación o entrega de bienes de consumo.
“No es una propuesta que afecte la transacción, no es una propuesta que se enfoque a costos de bien, tarifas de servicio, propinas, gratificaciones; no es una propuesta que esté orientada a asignar ese costo hacia el cliente, mucho menos al repartidor de transportista.
“Estamos hablando de empresas que son conocidas por todos nosotros, todos las hemos utilizado, son tal vez tres las más grandes, empresas que operan en el estado de México, en el país y en el mundo”.
Incluso señaló que al menos dos de las empresas ofrecen servicio permanente, señalan tener una plantilla de entre 50 y 80 mil repartidores, quienes no son parte de ella porque no los reconocen como trabajadores, no les otorga seguridad social, no están inscritos como parte de la empresa y por lo tanto, no pagan el Impuesto sobre Nómina al Estado de México.
Además de no pagar seguridad social, ni ese gravamen, no registran vehículos ante el Estado de México, las motocicletas no pagan tenencia, algunas no tienen placas; por lo cual requieren tener control de esa movilidad, pero insistió en que no impactaría el costo de la comida, ni a la gratificación, pues se enfoca al costo envío.
Las autoridades afirmaron que del padrón vehicular mexiquense superior a los 9.2 millones de vehículos, un millón son motocicletas y les faltan dientes para sancionar a quienes vendan motos no emplacadas y dificultar el emplacamiento de vehículos que fueron usados en algún delito.
Las empresas, afirmó Valadez, son responsables, grandes, con ingresos multimillonarios que cotizan en las bolsas internacionales, pero al Estado no pagan, mientras otras empresas de transporte privado sí lo hacen.
En su respuesta, las empresas mencionaron que el uso de las plataformas se aceleró a raíz de la pandemia y México se encuentra en el top 10 de los países con más ventas en comercio electrónico, por lo cual el nuevo impuesto los golpearía.
“Este impuesto impactaría negativamente a los comercios locales que entregan sus productos a través de terceros, tendencia que se aceleró a partir de la pandemia y que se ha convertido en un canal de venta estratégico para los establecimientos mexiquenses.
“De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), México se encuentra en el top 10 de los países con más ventas en comercio electrónico, y un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) reporta que las plataformas digitales de reparto han aumentado la participación del sector restaurantero en la generación de riqueza del país entre un 28 y 32 por ciento”.
Victor Díaz Infante, director de Asuntos Fiscales de Uber México advirtió que grabar el comercio electrónico generaría daños y afectaría la inversión.
“Compartimos la visión del gobierno de fortalecer las ciudades mexiquenses e impulsar su desarrollo a través de la tecnología. Sin embargo, gravar el comercio electrónico indiscutiblemente, dañaría la innovación y afectaría la capacidad de inversión de los prestadores de servicios electrónicos que actualmente habilitamos oportunidades en la entidad y contribuimos a la economía local”.
En tanto, Fernando Cota, director de Asuntos Públicos de Rappi México, agregó que el nuevo gravamen les preocupa porque frenaría el crecimiento de la economía.
“En Rappi estamos comprometidos con impulsar la economía local de los territorios donde operamos. La aplicación de este nuevo impuesto nos preocupa, ya que miles de pequeños y medianos negocios mexiquenses apuestan por las plataformas digitales de entrega para incrementar sus ventas y llegar a más consumidores, por lo que la iniciativa pondría un freno al crecimiento de la economía local.
“Además, este nuevo impuesto representaría un freno al incremento en las ganancias de los repartidores, lo que afectaría directamente su economía y de sus familias, derivado de una posible reducción en el número de pedidos que reciben”.
A su vez, Franco Bastida, Gerente de Relaciones con Gobierno para México de DiDi Food, señaló que un nuevo impuesto afectaría a todos.
“Hemos sostenido espacios de diálogo con las autoridades, a quienes externamos nuestra preocupación. Un impuesto nuevo, en una etapa económica difícil y de recuperación para muchas personas, afecta a repartidores, comercios y usuarios por igual. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la economía y el comercio local del Estado de México para brindar herramientas tecnológicas asequibles que contribuyan a la calidad de vida de los mexiquenses. Creemos que ese es el camino, y no un nuevo impuesto”.
La propuesta contenida dentro del Paquete Fiscal 2023, afirmaron las empresas, contempla que el impuesto sea aplicado únicamente a los servicios de entrega de bienes de consumo por aplicaciones digitales o sitios web, dejando fuera al resto de los prestadores de servicio de entrega que no están digitalizados, haciéndola desproporcional, inequitativa y discriminatoria, además de que contraviene los acuerdos internacionales, adquiridos por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de no establecer más impuestos a la economía digital.
