El principal compromiso del periodismo con la sociedad se relaciona directamente con el análisis y difusión de los actos de las autoridades. Desde luego, esto implica ser un contrapeso efectivo, pues en la defensa de los intereses de la población no hay mucho qué pensar para decidirse a exhibir la corrupción oficial, la impunidad, las decisiones absurdas y el sinnúmero de operaciones hechas sin el menor respeto a la ley.
Por desgracia, la profesión enfrenta ahora una de las etapas más críticas de los últimos tiempos, cuando desde el poder político se agrede a los medios de comunicación independientes, generándose de esta forma un clima hostil, lo cual ha derivado en varios hechos lamentables. Esto porque en lugar de aceptar lo evidente, o refutar de manera seria y comprobable, la respuesta ha sido insistir en el discurso falaz, burlón y ofensivo, calificando a los críticos de adversarios, voceros de los conservadores, opuestos al cambio y mercenarios de la información, entre otras lindezas.
Una de las organizaciones afectadas por esta situación es la denominada Artículo 19, cuya misión, según sus normas, es promover y defender los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de las personas, de acuerdo con los estándares internacionales y en apoyo al fortalecimiento de la democracia. En conferencia de prensa realizada hace ocho días, integrantes del colectivo denunciaron agresiones en su contra, consistentes en acoso judicial, atentados a su propiedad, vigilancia y toma de fotografías por parte de individuos no identificados, campañas de desprestigio y hasta amenazas de muerte, después de haber sido acusados en alguna “mañanera” de estar relacionados con un movimiento conservador y de recibir financiamiento del Departamento de Estado norteamericano y de empresas extranjeras.
La gravedad del asunto es obvia, sobre todo si se toma en cuenta la cifra de 40 comunicadores asesinados durante el actual sexenio, 15 de ellos de enero a agosto del 2022, debido a lo cual el país ocupa el lugar 127 de 180 reconocidos por sus índices de peligrosidad al ejercer el periodismo, en la clasificación mundial elaborada por la agrupación Reporteros sin frontera.
Sin embargo, a pesar de este tipo de escenarios, la administración federal se aferra a describir un paraíso surgido de sus supuestos logros, y dice tener ahora un santuario de libertades económicas, políticas y personales, al grado de atreverse a definir su modelo de gobierno como el del “humanismo mexicano”.
Ante semejante conclusión, la pregunta obligada es dónde queda entonces la aplicación de ese concepto en cuanto a erradicar los falsos valores y desde el servicio público construir un México mejor, ejemplo del bien común, que justifique las cifras terribles de mortandad, los abusos de poder y el aumento de la pobreza, reflejados en el mal manejo de la pandemia y el desabasto de medicamentos; los niños enfermos de cáncer y la falta de vacunas; las víctimas de la violencia incontrolable; la destrucción del medio ambiente a causa de proyectos ilógicos; el derroche en la adulación al caudillo y los programas clientelares encauzados a obtener votos, a cambio de imponer la miseria franciscana y eliminar las aspiraciones de progreso de millones de jóvenes.
Por esto y más, el periodismo ético es necesario. Sus objetivos mayores están a la vista y se deben alcanzar, pues ello contribuirá al futuro deseable de nuestra gran nación.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
juancuencadiaz@hotmail.com
