Como si se tratara de reactivar la conciencia de vivir en un país siempre expuesto a los sismos, el pasado lunes 19 de septiembre se sintió uno más, precisamente el día en que se conmemoran los dos trágicos sucesos ocurridos en la misma fecha, pero de 1985 y 2017. En esta ocasión el epicentro se ubicó en Coalcomán, Michoacán, la magnitud registrada fue de 7.7 grados en la escala de Richter, y los estados mayormente afectados fueron Colima, Jalisco, la Ciudad de México, la entidad mexiquense, Guerrero, Puebla, Mórelos y Michoacán, con dos personas fallecidas y varios inmuebles averiados.
En una gran parte de nuestro territorio es frecuente la actividad sísmica, y por ello, a lo largo de la historia, los efectos de estos fenómenos han sido causa de daños, sufrimiento y terror entre la población. Tan sólo en el siglo pasado tuvieron lugar ocho terremotos de magnitud 8 o mayor y, según datos publicados por la Fundación ICA, A. C, cuatro de ellos se padecieron en forma continua, en los años 1928, 1931 y dos en 1932.
Sin embargo, aunque éstos y otros menores tuvieron consecuencias funestas, el del jueves 19 de septiembre de 1985 se considera el más mortífero y destructivo de cuantos han afectado a la nación. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, frente a la costa de Michoacán; su magnitud fue de 8.1 grados en la mencionada escala, y afectó las zonas centro, sur y occidente de la República Mexicana, sobre todo en el entonces Distrito Federal, donde las características del suelo provocan amplificaciones significativas de las ondas sísmicas. Se percibió a las 7:19 horas, su duración excedió los dos minutos y las réplicas fueron numerosas, aunque la de la tarde del día siguiente, con una magnitud de 7.5 grados, fue la que incrementó los miles de víctimas, provocó el colapso de los edificios ya debilitados y agravó el daño estructural de otros.
Obviamente, los expertos no oficiales culparon al factor humano de la dimensión de la catástrofe, pues, con base en diversos estudios, se demostró lo deficiente de las obras. Muchos edificios caídos, como los hospitales Juárez y el General, que debieron ser calculados y construidos con el objetivo de tener la resistencia apropiada, en realidad fueron hechos con proyectos defectuosos, cimentaciones malas, acero de refuerzo inadecuado, materiales de baja calidad, y una larga lista de acciones deshonestas y carentes de profesionalismo. Todo bajo el amparo de licencias amañadas, cuyo significado era el de otorgar impunidad para cometer los peores crímenes.
32 años después, el martes 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, otro movimiento telúrico afectó la capital del país y regiones de las zonas centro y sur. La magnitud fue de 7.1 grados, el epicentro se localizó en Axochiapan, Morelos, y causó más de 200 muertes, con decenas de edificaciones deterioradas o derrumbadas.
Si bien los cambios en los reglamentos de construcción han contribuido a disminuir las pérdidas de vidas humanas y de bienes inmuebles, este y otro tipo de tragedias debieran obligarnos a ser conscientes de vivir en un lugar propenso a los desastres naturales. Por desgracia, a pesar de las tantas y tan dolorosas lecciones, sigue siendo evidente la separación entre las necesidades de una sociedad sumisa y los intereses o prioridades de los gobernantes.
Para colmo ahora, con el uso perverso del dinero público y el nombramiento de funcionarios ineptos y arrogantes, de ninguna manera es remota la posibilidad de enfrentar sin recursos las mortales consecuencias de nuevos siniestros.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
juancuencadiaz@hotmail.com
