El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios aprobó implementar el Modelo de Gestión de Riesgos para el Sector Público, el cual iniciará con una prueba piloto, a partir del mes de enero, en los juzgados de lo familiar del Poder Judicial mexiquense.
A través de él, buscarán detectar y prevenir la corrupción en el sector público, basados en el diagnóstico de que la ciudadanía tiene una percepción de desconfianza e incredulidad en el sector público que afecta a todos los sectores de la vida social, económica y política del país. Ante esa problemática, el modelo pretende contribuir a la generación de acciones de combate a la corrupción, en atención a las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción, relacionadas con la gestión de riesgos de corrupción. El Comité acordó dar 60 días hábiles para implementarlo.
A través de él, buscan identificar los riesgos de corrupción, hacer una evaluación de los mismos; así como de los controles existentes, darles tratamiento, seguimiento e implementar acciones para evitar esas conductas.
La secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción, Claudia Valdés explicó que el acompañamiento lo dará esa secretaría y ofrecerá capacitación a quienes implementarán el modelo.
La implementación correrá a cargo del Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva que se encargará de coordinar a los entes públicos, los cuales colaborarán en todo el proceso. También participará el Comité de Participación Ciudadana (CPC) con la propuesta de representantes de la organización civil, la academia y el sector público.
El plan de riesgos incluye identificarlos, evaluarlos, establecer controles y tratamiento de los riesgos de corrupción, darles la difusión y seguimiento.
El magistrado Pablo Espinosa Márquez, representante del Poder Judicial mexiquense, señaló que esa institución levantó la mano para realizar el proyecto piloto y fue aprobado por el Consejo de la Judicatura.
La ejecución en juzgados de controversia familiar, dijo, podrá ilustrar mucho para establecer acciones ante posibles riesgos.
En materia familiar, añadió, hay un nuevo modelo de cómo llevar a cabo los diferentes asuntos que tienen los juzgados y buscarán detectar las debilidades en corrupción, aunque en materia laboral ya han implementado algunas acciones. Confío en que será una práctica de éxito que se podrá replicar.
La auditora superior Miroslava Carrillo consideró que el modelo de riesgos es una medida muy atinada y abona a cualquier institución para que los procesos mejoren, pues a través de las auditorías han detectado falta de controles internos la prevención de la corrupción debe formar parte de una cultura y sensibilizar a las personas servidoras públicas, pero también que las y los titulares conozcan las circunstancias y tener controles.
Afirmó que la entrada en vigor debe ser gradual, previa capacitación del personal, por lo cual deben dar días para la entrada en vigor.
El presidente del Instituto de Transparencia, José Martínez Vilchis, destacó el modelo y recordó que a partir del siguiente año también deberán implementar las acciones que les tocan por la política anticorrupción.
El magistrado Espinosa coincidió en la necesidad de dar tiempo y el secretario de la Contraloría estatal, Javier Vargas señaló su disposición a trabajar.
