Cualquier gobierno, incluso con mediana consciencia de su función, debería saber que para reducir la pobreza es necesario aumentar en forma permanente la capacidad adquisitiva de las personas, a partir del crecimiento de la economía. Desde luego, algunos de los factores base se relacionan con el estímulo a la inversión privada, la creación de empresas productivas y el apoyo a la innovación y modernidad tecnológica, con lo cual sea posible crear fuentes de trabajo estables, suficientes y bien remuneradas.
Sin embargo, en México eso está muy lejos de hacerse realidad, pues por tradición el sistema político actúa de manera clientelar, y destina enormes cantidades de dinero de los contribuyentes a la compra de votos, a fin de mantener el poder y de paso ganar popularidad, al ostentarse ante el pueblo bueno y sabio como el gran benefactor. Las consecuencias de este absurdo están a la vista y, entre otras cosas, se manifiestan en la fidelidad y sumisión en pago a los favores, en no demandar la pronta solución a los problemas de la comunidad, además del derroche, opacidad y nula rendición de cuentas en el manejo de esos recursos.
Evidencia de este actuar la corroboró hace unos días el propio inquilino de Palacio Nacional, quien en una de sus “mañaneras” reconoció que al ayudar a los pobres se va a la segura, cuando se desea contar con su apoyo al querer aplicar ciertas ideas. Se trata, dijo, no de un asunto personal, sino de estrategia política, donde, por obvias razones, no tienen cabida los sectores de clase media, los de arriba, los medios, ni la intelectualidad.
Es decir, la prioridad de esta administración no es disminuir la pobreza, sino perpetuarla, en beneficio de una élite inhumana y perversa. El objetivo cierto es tener indigentes agradecidos, ignorantes y debidamente adoctrinados con el discurso del redentor; felices con la limosna mensual y con el cambio de personalidad por la de una simple mascota.
Ante esto, ha sido necesario replantear el gasto público y canalizar miles de millones de pesos a las dádivas disfrazadas de programas asistenciales, cuya utilidad se refleja en la promoción electoral de figuras verdaderamente patéticas y en fortalecer el círculo vicioso del subdesarrollo, de las vidas sin esperanza de abandonar la miseria y la profunda desigualdad social, trasmitidas a lo largo de las generaciones.
En contraste, con el pretexto de una absurda austeridad llevada al extremo del llamado “austericidio”, algunos organismos fueron desaparecidos y a otros les han reducido drásticamente sus presupuestos, cuando eran generadores de bienes y servicios esenciales para el progreso y la tranquilidad de la gente. Ejemplo de ello son los sistemas de salud y educación, la investigación científica y las instituciones de atención al campo y al medio ambiente.
No, esto de ninguna forma es lo apropiado, y mucho menos puede ser el referente de una transformación exitosa. Es ineludible impulsar la creación de una clase media sólida y amplia, debidamente instruida, crítica y muy exigente con sus líderes políticos, pues eso implica tener un mejor país, más justo y democrático, con una nueva cultura de pensamiento y acción.
Nada justifica permitir el retroceso, ni el uso del poder para empeorar las condiciones de vida de los mexicanos, como tampoco el capricho de imponer un proyecto de pésimos resultados, cuya continuidad pone en peligro el futuro inmediato de la nación.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
juancuencadiaz@hotmail.com
