El 70% de los homicidios ocurren con armas de fuego ilegales: Consejo de Seguridad Privada – El Sol de Toluca

En el marco del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad, en Washington, el principal requerimiento de México fue frenar el tráfico de armas, el evitar por parte de ambos gobiernos que 32 mil armas y 17 millones de cartuchos entrarán a territorio nacional, lo que contribuyó a la disminución de 9.2% los homicidios dolosos en el país.

Y representa un avance enorme en materia de seguridad para combatir la delincuencia organizada, señaló el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién.

En entrevista, comentó que de acuerdo a estimaciones de la compañía privada Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), alrededor del 80% de los 15 millones de armas ilegales que circulan en México están en manos del crimen organizado, grupos delincuenciales y cuerpos armados que se autodenominan como“autodefensas”.

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Y precisó que la mayoría de estas armas de fuego fueron adquiridas en establecimientos mercantiles de Estados Unidos y en la frontera con México.

Debido a que el 70% de los homicidios dolosos en el país ocurren con armas ilegales, principalmente procedentes de Estados Unidos, la cooperación entre ambos gobiernos es fundamental para lograr resultados contundentes en el combate al tráfico de armas, afirmó el presidente del CNSP.

Señaló que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el 70% de los homicidios dolosos que se registran en el país son con armas de fuego.

En 2021, de las 33 mil 320 muertes violentas, 23 mil 140, esto es, el 69%, fueron propiciadas por un arma, precisó a El Sol de México.

“Hay una cifra dura que no podemos dejar de lado, ni pasar por alto: más del 70% de los homicidios y los que más impacto generan: los homicidios dolosos se producen cada día y desafortunadamente por medios más violentos, esto es, con armas de fuego de alto calibre”.

“No podemos evitar los homicidios dolosos mientras no se frene el tráfico ilegal de armas de fuego; mientras no se cierre o se disminuya considerablemente la porosidad que desafortunadamente existe en la frontera norte del país”, enfatizó.

Este no es un problema que se presente en la administración actual, es algo que en su momento se dejó de observar, de trabajar y de crear protocolos y sobre todo las mesas de trabajo y diálogo entre México y los Estados Unidos.

¿Qué destaca?

La labor que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en generar hace ya más de un año atrás, año y medio, acciones que se frenaron por la pandemia del Covid-19.

Eran reuniones entre la Cancillería, la SSPC con el vecino país del norte para generar los protocolos necesarios y cerrar la porosidad del tráfico ilegal de armas de fuego.

Y generar los mejores instrumentos para poder frenar o llevar a cabo, que es algo que hoy las armerías no han realizado. O al menos no se lo han acreditado al gobierno de México que cumplan con la debida diligencia, para generar los medios de conducción donde se acredite que las armas que venden en EU se queden allá.

Debemos ser conscientes de que en EU en muchos estados está permitida la comercialización y la compra libre de armas de fuego, afirmó.

Pero lo que pensamos en el CNSP es, que hasta ahora, no se le acredita al gobierno de México que se haya cumplido con la debida diligencia con esos protocolos y programas de las armerías para acreditar que se hizo la venta a X persona que vive en EU y se utiliza para los efectos allá mismo.

Y que no se haya introducido ilegalmente a través del Muro o de cualquier figura de forma ilícita a nuestro país, añade.

Sobre la demanda que interpuso la Cancillería contra los fabricantes de armas en EU, comenta:

-Sencillamente, en toda la historia no se había levantado una demanda de este tipo en EU. Es la segunda demanda que el 17 de octubre que la Cancillería presentó contra 5 fabricantes de armas.

Lo que se busca es que los fabricantes acrediten que las armas que venden no son para prestanombres, no son para criminales y que se quedan en los EU. Y que insisto: No se introduzcan de manera ilegal a nuestro país.

¿Apoyan esta demanda?

-Definitivamente, las empresas que conforman el CNSP apoyamos la decisión y acción de la Cancillería en frenar el tráfico ilegal de armas de fuego. En manos de cualquier delincuente sirven para llevar a cabo un homicidio doloso, incluso entre criminales.

Y también para que, desafortunadamente, hoy es muy fácil para cualquier persona comprar un arma de manera ilegítima en el mercado negro y que se utilizan para delitos como robo a transeúntes, robo de cajeros automáticos.

Como CNSP nos interesa que debemos apoyarlas acciones para frenar el tráfico ilegal de armas.

ESPERAN SE APRUEBE LEY

En el curso de la entrevista, el abogado Raúl Sapién, recordó que el CNSP fue una de las primeras asociaciones de carácter civil que se crea derivado de la necesidad de poder generar certeza jurídica a sus asociadas y sobre todo, preocupados por tener las mejores políticas en las empresas que venden servicios de seguridad privada.

Se originó hace más de 26 años. Tiene presencia a nivel nacional. “Hoy tenemos un cúmulo de 200 asociados, de empresas de seguridad privada. Solo asociamos a empresas reguladas, registradas de servicios de seguridad privada”.

¿Hay muchas empresas “patito” en ese sector?

-Desafortunadamente, dada la carencia de un registro único en el país para saber con exactitud con cuántas empresas se cuenta, tanto legales como ilegales. No hay un padrón como tal.

Pero trabajamos de la mano con el Congreso de la Unión. Y destaca la gran importancia que tienen la titular de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario Mejía Berdeja en dar continuidad a un trabajo que se tiene desde años atrás, que en otras legislaturas quedó pendiente.

Hoy estamos seguros de que se le podrá dotar al país de un nuevo marco normativo que genere seguridad jurídica al sector dela seguridad privada.

Hay voluntad, diálogo abierto. Se construye un proyecto de Ley que sirva al país y romper ese estereotipo de tener leyes perfectas en México en su creación, pero imperfectas en su aplicación.

Y una vez se apruebe esta ley, todas las empresas cumplan con las normas y se sumen a CNSP, porque es muy importante también la representación de la clase trabajadora de la seguridad privada.

Buscamos empresarios responsables con sus empresas y con los trabajadores de la seguridad privada.

MEDIO MILLÓN DE TRABAJADORES

¿De qué universo de trabajadores de seguridad privada?

-De más de 500 mil elementos trabajan en seguridad privada, según referencias del IMSS; pero existe un gran mercado ilegal, en donde no dan de alta a sus empleados que desempeñan servicios de seguridad privada. Noes un eje rector para saber cuántos empleados en realidad hay.

Conoceremos la cifra correcta una vez que se instaure y opere este Registro Único de Empresas de Seguridad Privada y de cuántos empleadores hay en esta actividad económica.

¿Están capacitados este medio millón de trabajadores?

-No. También se prevé en esta Ley contar con verdaderos programas de capacitación; pero no caer en los excesos, como ya hay varios estados de la República, donde ofrecen capacitación y orillan a muchas empresas a irse al mercado ilegal porque lo que quieren cobrar son cantidades impagables por los cobros tan altos.

¿Son muy caros?

-Algunos cursos de capacitación porque son obligatorios en muchos Estados e incluso municipios. Y son consecuencia de la falta de marco normativo en este sector.

Lo mismo es para la expedición de permisos a nivel estatal y municipal, se genera un gasto excesivo en el marco regulatorio.

Por esto tratamos de que ya esto no suceda con la nueva Ley General en materia de Seguridad Privada.

Esta nueva ley no es un tema de voluntad, es un mandato de carácter constitucional. Ya se aprobó en la Legislatura anterior. Debe de salir ya esta norma en la actual Legislatura, en este período ordinario de sesiones.

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